Roque Fernández , ex ministro de Economía de la segunda presidencia de Carlos Menem, en una nota del diario La Nación publicada ayer repartió para todos lados.

Si bien rechazó el modo en que el gobierno está negociando la deuda pública, conjeturó que el caso Vicentín más que a la decisión del gobierno de expropiar la cerealera respondería a los lobbys de los principales acreedores (que quieren cobrar lo más que puedan) en una situación que él vivió cuando fue funcionario.

Lo que suele pasar es que el principal beneficiario termina siendo el gobernador local (en este caso el de Santa Fe, Omar Perotti) cargando Nación con la deuda, y desde ya quienes tienen crédito con la compañía, explicó Fernández, agregando que si la situación sigue en manos del juez de la quiebra seguramente los acreedores cobrarían no más del 50 %

Gasto Insostenible

Yendo al meollo de lo que ocurre en la economía, el ex jefe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), disparó: «La Argentina no puede sostener una nomina salarial como la que tiene en el sector público».

El economista del CEMA enfatizó que el gasto tiene que caer para poder eliminar el déficit que se está financiando con emisión monetaria.

Fernández aceptó que en el corto plazo no pueda reducirse abruptamente la inflación, la cuestión es que achicar el gasto cuando el Estado –directa o indirectamente– absorbe el 70 % de la economía, ¿es viable?

Baja expectativa

Desde la óptica de Acreditado teóricamente tras el desastre post- pandemia las medianas empresas que resistan el «chubasco» podrían salir adelante porque las tarifas de los servicios públicos están congeladas y los sueldos deprimidos. Tanto el sector servicios como el exportador se podrían recuperar.

El ex titular de Hacienda observa improbable un acuerdo por la deuda; pero no deja de ser una hipótesis; más allá de ello. ¿Cómo hacer ante señales tan complejas como el cierre de Lantam (después que por la presión de los gremios se le exigiera el pago del 100 % de los salarios cuando los aviones no vuelan); no se le descontó un peso a legisladores, funcionarios y sobre todo a los jueces, ni se replantean sus ingresos?; o la sociedad se desayuna con episodios como el de Amado Boudou (al que el Ejecutivo reclama se le pague la jubilación retroactiva).

Y un interrogante final: Si otros gobiernos con una visión más pro-mercado no tocaron los problemas de fondo. ¿Porqué los arreglaría una administración que nunca ocultó su sesgo populista?