Entre el decisionismo y los acuerdos en el Congreso. ¿Cómo abordará el presidente electo la reforma del Estado? Los puntos de contacto con los 90. Aproximación al imaginario menemista.

La historia no se repite, los tiempos y protagonistas son distintos, pero conocer sobre la ciencia de Herodoto es sin duda una ventaja para hacer análisis político.

Existen numerosas pistas para sostener la afirmación que da título a esta nota. Desde la identificación explícita de Javier Milei con la gestión de Carlos Menem -a la que consideró la mejor presidencia que tuvo la argentina-, hasta la necesidad de recurrir a instrumentos políticos y legales comunes.

Durante la campaña electoral, cuando Milei tenía como rival encarnizado a Juntos por el Cambio, calificó a esa fuerza como una «nueva Unión Democrática».

Es bien sabido que la Unión Democrática fue el conglomerado de radicales, socialistas, demoprogresistas y conservadores que enfrentó a Juan Domingo Perón en las elecciones de 1946 que ganaría este último.

En más de una oportunidad, el ex presidente Menem también recurrió en los 90 del siglo pasado a esa alegoría, endilgándole a la entonces oposición -del radicalismo y el Frepaso– el mote de Unión Democrática.

Obviamente es un recurso discursivo, la Unión Democrática recibió el respaldo del gobierno norteamericano a través del entonces embajador Spruille Braden (Braden o Perón era el lema electoral justicialista); mientras Menem y Milei se alinearon en la alianza occidental encabezada por EE.UU.

Como nota al pie, cuando se compara la irrupción de Milei con la de Juan Perón, el enfoque es erróneo: lejos de ser un outsider o un desconocido, en 1946 (cuando obtuvo su primera presidencia) el general venía de ocupar tres cargos en el gobierno de facto que se inició en 1943 (Vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo), y contó con el apoyo de gran parte del Ejército, el clero y de sindicatos.

Pero volviendo al presente, una vez electo jefe de Estado y pese a su acuerdo con el macrismo, el «león» no se privó de bromear en el encuentro que mantuvo en la Quinta de Olivos con el todavía presidente: «Soy menemista, el gorila es Macri«, le dijo a un distendido Alberto Fernández.

Similitudes y diferencias

Teniendo en cuenta tanto antecedentes como episodios recientes, puede preverse cual sería la gobernabilidad que intentará Milei, observando en el espejo retrovisor lo que hizo y como hizo Menem para implementar sus políticas.

Es cierto que el riojano contó con un fuerte respaldo partidario en las Cámaras, pero tuvo mayoría absoluta en ambas recién en 1995, y muchos representantes de su partido no compartían las políticas públicas de aquel.

Aunque sea una ingeniería complicada, Milei cuenta con un dispositivo para avanzar con sus iniciativas. El mismo ha adelantado que un proyecto sustancial a enviarse al Congreso será un paquete de medidas sobre la reforma del Estado.

¿Con que elementos cuenta, si se le dificulta el trámite legislativo normal, para atravesar esa prueba de fuego?

A este aspecto crucial se dedicarán las líneas que siguen.

Los PCD como elementos de acción

Varias investigaciones describen como en los 90, cuando a los gobernantes latinoamericanos se les complicaba la construcción de mayorías, se valieron de mecanismos como decretos de necesidad y urgencia (DNU); el «silencio» legislativo, o el manejo de los vetos totales o parciales jugando al límite de la Constitución Nacional.

Se trata de los llamados Poderes Constitucionales de Decreto (PCD), un arma cuyo uso eficiente depende de la decisión ejecutiva, pero asimismo de encontrar resquicios normativos en la propia Constitución (Menem pudo utilizarlos con eficacia en Argentina, porque las reglas son más flexibles en la materia, por ejemplo que en Brasil, donde esa cuestión fue una de las causas del derrumbe de Fernando Collor de Mello).

El experto Gabriel Negretto, en su obra «Gobierna solo el Presidente…» sostiene que el éxito de Menem (en cuanto avanzar en sus intenciones) se debió no solo a los amplios poderes legislativos delegados por el Congreso para las privatizaciones y las reformas del sector público, sino también por el apoyo pasivo que recibió en el Congreso.

En el sistema legal argentino, los DNU deben ser validados por una comisión bilateral del Congreso; una vez publicados en el Boletín Oficial solo caen si son rechazados por ambas Cámaras.

Negretto explica que Menem consiguió que pasaran los decretos de necesidad y urgencia (DNU) recurriendo en varias oportunidades a la «aprobación tácita«, consistente en que los legisladores dejen pasar el tiempo sin observar esos DNU que así quedaban consolidados.

Esa táctica le permite a los legisladores apoyar al presidente esquivando la responsabilidad directa por la implementación de medidas que afectan al interés de sus electores (por ejemplo un senador respecto a una norma que pueda perjudicar a segmentos de su provincia).

En el caso de Menem, maniobras como esta última le permitía a diputados y senadores peronistas disimular su contrariedad a las reformas de mercado.

La aprobación ficta es discutida e impugnada por cierta doctrina como inconstitucional, aunque en casos excepcionales la Corte Suprema la ha convalidado.

Otra arma utilizada para «surfear» obstáculos, es el veto. La politóloga Ana Mustapic destaca que cerca del 30 % de los vetos utilizados por Menem fueron vetos parciales de leyes cuyos proyectos él mismo había iniciado, y habían sido enmendados por legisladores de su propio partido.

Claro que para utilizar estos procedimientos es mucho mejor contar con un alineamiento político, por lo que implica la disciplina partidaria; para ampliar su plataforma, por lo que el inminente oficialismo más allá de la alianza con el PRO, está en busca de acuerdos con un sector del peronismo, además del de Juan Schiaretti, y del radicalismo moderado.

De todos modos, pese a los cuestionamientos, los DNU pudieron dictarse sin apoyo partidario, o en medio de grandes controversias (Menem y la privatización de los aeropuertos en 1997; Fernando De la Rúa con la reducción de los salarios públicos tres años después).

Negretto no hace un juicio de valor positivo de este diseño constitucional por el riesgo que implica que el Ejecutivo se tome la costumbre de querer legislar alterando así el equilibrio institucional. El decretismo se desliza por un hilo muy fino.

En procesos intensos de transformación, puede darse una tensión amplificada entre los poderes del Estado, a tal punto que Menem forzó una «mayoría automática» en la Corte Suprema; por el contrario, en principio Milei se ha comprometido a no interferir en la independencia del poder judicial, según lo ha dejado trascender el anunciado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En cambio, quedan dudas de hasta que punto el mandatario electo no recurriría a la presión popular (léase plebiscito) si se le bloquea una medida que considera esencial para su gobierno.

Se trata de tiempos distintos el que les ha tocado ocupar la Casa Rosada a Menem y a Milei, pero ambos debiendo enfrentar la emergencia y puestos ante un marco legal similar.

Aunque Heráclito de Efeso, dixit «no nos bañamos dos veces en el mismo río», recordar la gestión reformista de Carlos Menem (para bien, o para mal, con defensores y detractores), parece una buena guía para pensar como sería una Argentina gobernada por Javier Milei.

Segundo Figarillo

El mapa de Milei: Para el Ejecutivo lo ideal sería conseguir del Congreso «facultades delegadas», pero necesitaría una mayoría propia que la Libertad Avanza no tiene, la alternativa más probable es que se abra el paquete de medidas y se trate «ley por ley» (por ejemplo cada una de las privatizaciones por separado), o recurriendo a los DNU.

Las ideas de transformación adelantadas que necesitan de andamiaje legal son la derogación de la ley de alquileres, reforma laboral, privatización de empresas públicas, la venta de acciones de YPF (aunque podrían intervenir las provincias), la entrega de Aerolíneas Argentina a sus empleados; la dolarización (un miembro de la Corte Suprema deslizó que sería inconstitucional) y el cierre del Banco Central; en el caso de eliminación de impuestos en principio es un ítem vedado a los DNI, sin embargo el Ejecutivo si podría quitar aranceles por decreto.