Se trata del decreto que permite impedir la entrada al país o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio contra la Argentina; y del proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

Casi todos los constitucionalistas consultados por estas horas (Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, entre otros) objetaron el decreto presidencial que modifica la ley de migraciones habilitando a «rechazar o expulsar» a los extranjeros que expresen «mensajes de odio» contra nuestro país. La criticada medida involucra a personas que, mediante manifestaciones orales o escritas, resulten ofensivas para el país o para ciudadanos argentinos y que también sanciona «la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios».

Por un lado, los expertos cuestionan el instrumento del decreto, pues no se advierte cual es la necesidad o urgencia; en cuanto a la figura penal ¿quién podría definir que es un mensaje de odio? (más difuso aún es el término interés nacional) Finalmente, se trata de una pieza antiliberal –riesgosa en su aplicación por su discrecionalidad- contrapuesta a una constitución liberal pues ataca un derecho sagrado de la Constitución como la libertad de expresión.

Pero visto del lado efectista el anuncio cuenta en principio con importante adhesión popular. Observamos el jueves pasado que nos llamó la atención que más de la mitad de los oyentes de un espacio de tendencia liberal como el que conduce Marcelo Longobardi manifestaron apoyar esa medida, y acerca de su difusión, sostuvo Claudio Jackelin en su comentario de los viernes en el diario La Nación «fue el comunicado más linkeado de la Oficina de la Presidencia».

El fogoneo de la medida se le adjudica a Santiago Caputo quien puso en palabras la ideología de Agustín Laje que desde hace años pregona al populismo de derecha como arma para dar la batalla cultural. Esto demuestra la potencia que sigue teniendo la cuerda nacionalista en las sociedades, aún cuando esté en las antípodas del liberalismo (doctrina que dice defender el presidente Milei).

De todos modos la norma debe pasar por la Bicameral del Congreso y debería ser evaluada por un juez. «Parece muy difícil de aplicar, la finalidad creo que se agotará en lo retórico», reconoció ayer una fuente del gobierno.

En contrapunto de ese supuesto sentimiento popular, el anuncio presidencial del jueves sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (que apunta a racionalizar el gasto estatal y es defendida por la gran mayoría de los economistas ortodoxos) registró un “relativo interés público” destaca Jacquelin en la nota titulada: “Y un día Milei descubrió el nacionalismo”.

En definitiva: Nacionalismo político y liberalismo económico, un “matrimonio” que parece de conveniencia y exige a nacionalistas de toda laya y liberales todo terreno, mirar para otro lado.

Trump, el inspirador

El decreto contra los «odiadores foráneos» se ubica en las antípodas de los principios liberales como los difundidos en el clásico de esa escuela de pensamiento On Liberty de John Stuart Mill.

Un caso símbolo en esta cuestión fue el fallo de la Suprema Corte Norteamericana Texas vs Johnson (1989) que dictaminó (cierto que por una cerrada mayoría 5-4) que no es punible quemar un símbolo patrio.

El año pasado Donald Trump rechazó la vigencia de ese fallo, exigiendo al Departamento de Justicia que penalice ese tipo de actos. Lo llamativo es que el mismo Trump había elogiado al juez Antonin Scalia quien integró la mayoría del máximo tribunal que firmó ese leading case.

Al parecer el Ejecutivo argentino se inspiró en la postura de Trump, además de invocar algunas reacciones de extranjeros durante el reciente mundial de fútbol.

No queremos concluir este artículo sin una mención a un hecho muy triste ocurrido a mediados de semana como fue el accidente de un heilcóptero en San Juan, cuyas siete víctimas mortales fueron personas solidarias que participaban de una instrucción de combate contra incendios. Sin duda son días de luto en el país.